Con la confirmación de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República, crece la expectativa sobre el futuro de las entidades del sistema de justicia transicional creadas tras el acuerdo de paz de 2016 con las extintas Farc, especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Declaraciones polémicas de De la Espriella
Durante su campaña, De la Espriella se refirió a la JEP como un “bodrio” o un “directorio disfrazado de tribunal”, declaraciones que han generado preocupación sobre la continuidad de su labor.
En su más reciente visita a Medellín, en el marco de una audiencia de verificación de cumplimiento de compromisos de comparecientes, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dejó clara la postura de la entidad.
Preservar la institucionalidad del acuerdo de paz
El magistrado indicó que debe prevalecer el respeto por la institucionalidad y la integralidad del acuerdo de paz, que cumple diez años y a partir del cual el país sigue conociendo verdades sobre el conflicto armado.
“Hay que preservar la institucionalidad del acuerdo de paz y todo lo que tiene que ver con la justicia transicional. Es decir, acá no es un tema únicamente de la jurisdicción, es un tema de todo ese andamiaje institucional que ha permitido que el acuerdo de paz se venga ejecutando en estos años”, dijo Ramelli.
Lo que está en juego: verdad y seguridad jurídica
Ramelli señaló que en el empalme y los acercamientos con el nuevo Gobierno están en juego cosas más importantes que los recursos para operar. Destacó la verdad que reclaman las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes.
“Más allá del tema de la estabilidad económica de la jurisdicción, lo que está de por medio es un sistema restaurativo. Las víctimas por primera vez están accediendo a la verdad, están viendo resultados, están viendo que los comparecientes ya realizan labores incluso antes de la sentencia”, argumentó.
Blindaje constitucional y desafíos financieros
Sobre un posible desmonte de la JEP, varios sectores políticos y sociales han insistido en la dificultad del proceso por el blindaje constitucional del que goza. Sin embargo, el suministro de herramientas y recursos financieros es clave para que el tribunal continúe su labor, especialmente en procesos de búsqueda de desaparecidos como el que tiene lugar en La Escombrera de la Comuna 13 en Medellín.
