Tras cuatro días de cierre, el Movimiento Social Paro Cívico de Buenaventura anunció la apertura del embarcadero de Buenaventura, bloqueado desde el pasado martes 23 de junio para exigir a las autoridades locales y nacionales el cumplimiento de los acuerdos del paro de 2017.
Acuerdo para la Junta Turística
El acuerdo se logró luego de dejar en firme el documento que crea la Junta Turística del embarcadero de Buenaventura, que será la principal instancia de concertación entre el Distrito, las comunidades y los operadores de la zona. Según el documento, este grupo gestionará el plan anual de mantenimiento y promoción turística, así como los presupuestos y reglamentos de operación. Además, supervisará los planes, garantizará la permanencia de motoristas, guías, vendedores y demás empleados ancestrales y comunitarios, y fortalecerá su estadía.
Razones de la protesta
Los promotores de las manifestaciones solicitaron desde el primer día la remodelación y entrega del embarcadero, clave para la vida marítima del litoral. Señalaron que se requieren al menos COP 25 mil millones para ampliar la capacidad, así como claridad en el manejo de los recursos ante denuncias de irregularidades y el presunto interés de beneficiar a privados.
Entre las peticiones estaban la formalización de la junta del muelle, inversión, ajuste en los diseños de ampliación y remodelación, y acciones que eviten la privatización de la zona. La alcaldía de Buenaventura afirmó que no existía documento que legalizara la Junta Administradora del Muelle Turístico, pero tras varias reuniones se acordó un documento para su formalización.
Argumentos de la gobernación
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que el embarcadero presentaba problemas por los que la Dimar ya analizaba su cierre. Ante las afectaciones de los bloqueos al turismo y la economía, solicitó levantar las manifestaciones durante el puente festivo. "Yo sí creo que no están haciendo un beneficio, sino que están haciéndole un daño a la gente trabajadora de Buenaventura, que todos los días quiere que vaya su turismo para poder tener sus ingresos", indicó la mandataria.
Sobre la ampliación, Toro explicó que aún falta retirar elementos de la zona y obtener un permiso de Invías. "El nuevo embarcadero no se ha podido terminar porque Invías no ha dado la autorización para quitar el antiguo embarcadero que está en riesgo, para poder nosotros poner el nuevo, que es un embarcadero flotante, moderno, que le va a servir para el turismo, pero también para poder transportar los alimentos".
Finalmente, Toro indicó que se espera que la administración del nuevo embarcadero quede en manos de una empresa público-comunitaria, integrada por consejos comunitarios, motoristas y empresarios del sector turístico. "Lo que nosotros queremos hacer es que esa concesión genere una empresa donde la mayoría de las acciones sea del municipio, pero que el 49 % sea de la comunidad. Queremos que estén los consejos comunitarios, los motoristas y los empresarios del turismo, para que ellos mismos se encarguen de la administración y del mantenimiento del muelle. Ellos quieren administrar, pero eso no es así; esa es una decisión donde tiene que estar toda la comunidad", añadió la mandataria.
