El expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene fecha para rendir indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación, en el marco de las investigaciones por presuntos vínculos con grupos paramilitares en Antioquia, las masacres de El Aro y La Granja en Ituango, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en febrero de 1998.
Confirmación del exmandatario
El líder natural del Centro Democrático confirmó, a través de su cuenta en la red social X, que la diligencia se llevará a cabo el próximo 24 de julio. En su mensaje, Uribe Vélez expresó su inconformidad con el proceso: “La Fiscalía me cita para indagatorio el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella decretó. El mismo camino del magistrado César Reyes me indagatorió y me metió a la cárcel sin practicar las pruebas”.
Uribe calificó la citación como un “atropello” y aseguró que “esta Fiscalía ha complacido al gobierno dándole impunidad a cuanto bandido hay y entonces toma revancha política conmigo, llevándome a una indagatoria sin pruebas, sin méritos, todo para buscar ponerme preso antes de que Petro termine”.
Antecedentes de los casos
Estos procesos contra Uribe Vélez fueron abiertos y cerrados en el año 2000, pero la Fiscalía los retomó en septiembre de 2020, después de que el político renunciara al Senado y la Corte Suprema de Justicia perdiera la competencia para continuar con las investigaciones que había asumido.
Los expedientes llegaron a la Fiscalía el 14 de septiembre de 2020 y, hasta hace una semana, no habían registrado avances significativos. Las investigaciones se centran en dos masacres ocurridas en Antioquia entre 1997 y 1998, cuando Uribe era gobernador del departamento. Además, se indaga su posible relación con la creación de un grupo de autodefensas en el municipio de San Roque y con el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, concejal de Ituango.
Impacto y reacciones
La citación a indagatoria representa un nuevo capítulo en los procesos judiciales que enfrenta el expresidente. Uribe ha reiterado su inocencia y denunciado una persecución política por parte del Gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía, por su parte, deberá avanzar en la práctica de pruebas y esclarecer los hechos.
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