En los últimos días, han circulado en redes sociales imágenes con amenazas dirigidas a candidaturas presidenciales, así como versiones sobre posibles planes de atentado que luego han sido desmentidas, puestas en duda o reafirmadas por distintas fuentes. También se han hecho señalamientos graves sobre la participación de mandatarios locales en hechos de violencia política, posteriormente controvertidos por familiares de las propias víctimas.
Paralelamente, el debate electoral se ha degradado con la proliferación de descalificaciones, estigmatización y violencia digital, incluyendo discriminación por orientación sexual, contra las mujeres y racial o étnica. La desinformación y el lenguaje agresivo marcan el tono de las campañas.
En el suroccidente del país, se presenta una escalada de ataques terroristas simultáneos que dejan daños irreparables y temor en la población. Un explosivo en la vía Panamericana, en Cajibío, dejó 21 personas muertas y decenas más heridas. Valle, Cauca y Nariño lloran por la acción despiadada de disidencias crueles motivadas por la avaricia de economías ilegales. Las mujeres de la Pedregosa, comunidad de Cajibío que puso a 12 de las víctimas del ataque, rechazaron las falsas disculpas de las disidencias y clamaron que el dolor de las víctimas no sea utilizado con fines de proselitismo político. Pidieron una tregua a los grupos armados y también a los sectores políticos.
Parece impertinente preguntar, pero ¿por qué todas las candidaturas no se unen en torno al rechazo de los hechos? ¿Por qué optan por las acusaciones mutuas? ¿Qué beneficio le trae al país una campaña que se acerca más a las dinámicas de la guerra, en lugar de ser una alternativa para superarla? ¿Nos ganó la guerra?
Aquí observamos tres dinámicas preocupantes: información pública no verificada sobre riesgos y amenazas a varias candidaturas; un debate electoral hostil, en particular en el ámbito digital; y un contexto de violencia creciente de los grupos armados contra la población, usado electoralmente.
Todo esto se presenta a un mes de la primera vuelta presidencial, en medio de una campaña en la que fue asesinado el aspirante Miguel Uribe Turbay, lo que recuerda que siempre se debe atender con máxima seriedad toda información sobre amenazas contra candidaturas.
Algunas han sido desmentidas; otras, amplificadas sin el rigor que exige la responsabilidad pública. En un contexto de alta tensión, la forma en que se tramitan y difunden estas denuncias también incide en la calidad de la democracia. La Defensoría del Pueblo ha documentado el contexto de riesgo que enfrenta el país y por eso les decimos a las candidaturas, a todas, pero especialmente a quienes más han escalado la retórica: tienen el deber de hacer un alto en el camino y ser cuidadosos con la información que difunden. Generar miedo tiene consecuencias reales, porque suprime la participación, estigmatiza comunidades y alimenta la persecución. Es bueno recordar que la violencia discursiva se ha correlacionado históricamente con la violencia letal en Colombia.
Hemos invitado a todas las candidaturas a suscribir el Compromiso por unas Elecciones Libres y en Paz, aunque no todas lo han firmado. Esta semana presentaremos el segundo informe de monitoreo del cumplimiento del Compromiso. Evidenciamos un deterioro en el debate democrático, reflejado especialmente en el muy bajo nivel de cumplimiento de dos puntos: promover un lenguaje constructivo y eliminar la estigmatización, y no difundir información falsa.
Esta realidad desoladora no es una condena. Para las tres anomalías hay tres antídotos.
Frente a las denuncias de amenazas, la respuesta debe combinar responsabilidad en la difusión de la información, rigor en su verificación y una acción inmediata y efectiva de la justicia para investigar y esclarecer los hechos.
Frente a un debate electoral degradado, el antídoto es el compromiso que deben asumir todas las campañas frente al país: comportarse de manera que favorezcan un proceso electoral libre y en paz; en particular, comprometerse a no desinformar ni alimentar la desinformación, y a no estigmatizar ni degradar humanamente a sus adversarios políticos.
Y frente a la instrumentalización electoral del dolor que la violencia deja en las víctimas, el antídoto debe ser un compromiso permanente que convoque a todas las candidaturas en torno al respeto por el dolor de las víctimas, quienes ya tienen mucho con qué lidiar, y esperan que quien quiera presidir este adolorido país no lo haga parándose sobre su sufrimiento.
