La situación de inseguridad en Colombia continúa deteriorándose, con escenas que no se veían desde hace más de tres décadas. En los últimos diez días, el ‘Estado Mayor Central’ de las disidencias de las Farc ha perpetrado alrededor de 40 actos terroristas en el suroccidente del país, incluido el mayor ataque contra la población civil de este siglo, que dejó más de 20 muertos. En el nororiente, los desplazamientos forzados se mantienen debido a disputas territoriales entre bandas criminales que ya superan los 15 meses.
Estos eventos reflejan un deterioro estructural de la seguridad, donde grupos ilegales dedicados al narcotráfico y la minería ilegal compiten por el control territorial, mientras el Estado muestra debilidad para ejercer control y la Fuerza Pública no logra recuperar la seguridad. El presidente Gustavo Petro afirmó que la seguridad no ha empeorado bajo su mandato y que los cultivos ilegales y el narcotráfico se han reducido. Sin embargo, Javier Flórez, director del área de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), ofrece una visión más compleja.
¿Qué ocurre en el suroccidente colombiano?
Flórez explica que el suroccidente es un territorio geoestratégico que dinamiza economías criminales como el narcotráfico, la minería ilícita, el contrabando y la comercialización de oro. Esto explica la fortaleza de los grupos armados y las disputas por el control. En el norte del Cauca y áreas de Cali, Jamundí y Dagua predomina el ‘Estado Mayor Central’, liderado por alias Iván Mordisco. En el norte del Valle y sur del Cauca opera el Eln, mientras que en Nariño, especialmente en el Pacífico, la ‘Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano’ tiene fuerte presencia.
Flórez destaca que estas estructuras no son jerárquicas. La influencia de Iván Mordisco sobre el ‘Estado Mayor Central’ en el Cauca es mínima, y los mandos locales como ‘Kevin’ o ‘Marlon’ tienen autonomía. “Si mañana dan de baja a Iván Mordisco, no cambia nada en el Cauca”, afirma.
Motivos de la reciente ofensiva
Las acciones simultáneas responden a varias hipótesis: enviar mensajes políticos de control frente al avance del Eln y la ‘Coordinadora Nacional’, aliviar presiones en rutas del narcotráfico y otras rentas, y presionar a las comunidades para ganar lealtad mediante el terror, especialmente donde la legitimidad de los grupos es baja por la confrontación con organizaciones indígenas.
Actuación de la Fuerza Pública
Al inicio del gobierno Petro, hubo una disminución de la fortaleza ofensiva militar y policial, relacionada con los ceses del fuego de la ‘paz total’. Con el ministro Sánchez, las acciones ofensivas aumentaron un 34% entre 2024 y 2025, y casi un 120% desde el inicio del gobierno. No obstante, Flórez señala que se han neutralizado más de 13.000 hombres (capturados, desmovilizados o dados de baja), pero hoy hay cerca de 27.000 integrantes en estos grupos, un crecimiento del 85% desde la llegada de este gobierno y del 126% desde el gobierno de Santos. “Estamos haciendo más de lo mismo, sin golpear los nodos críticos”, advierte.
Nodos críticos a combatir
Flórez menciona dos nodos esenciales: el reclutamiento forzado, donde existen empresas que reclutan y distribuyen personas, incluidos niños usados como escudos humanos; y las economías ilícitas, que representan cerca del 6% del PIB colombiano. El Estado persigue estas economías con métodos obsoletos como erradicación e incautación, con resultados precarios.
Falta de coordinación y rumbo político
Flórez critica la descoordinación entre políticas de seguridad, paz y criminal. “El próximo gobierno debe contener el problema. El año pasado, 1,6 millones de personas fueron afectadas por indicadores humanitarios, triplicando la cifra de 2024”. Aunque el presidente Petro afirma que los índices de violencia se mantienen estables, Flórez sostiene que la tasa de homicidios es insuficiente. La violencia actual es menos letal pero más dramática: el confinamiento subió 12%, el desplazamiento 85% y el secuestro 133%. Además, el número de hombres armados creció 85% y su influencia abarca 627 municipios.
Influencia en elecciones
Los grupos ilegales operan como crimen organizado, buscando influir en la política local para proteger sus economías. En 116 municipios, los actores armados deciden quién entra y sale, afectando el voto. No hay presión por un solo candidato, sino constreñimiento diversificado según acuerdos clientelares.
Recomendaciones para el próximo gobierno
Flórez propone: reconocer la heterogeneidad del problema, ordenar la casa (modificar la ley de orden público antes del 5 de noviembre de 2026), fortalecer la Fuerza Pública y las relaciones con aliados como EE. UU., Israel y Reino Unido, y dar un viraje a la inteligencia. Las tareas prioritarias son: proteger a la población en zonas de disputa, golpear finanzas criminales y reclutamiento, y recuperar control territorial con políticas de transformación, no solo militares.
En cuanto a EE. UU., Flórez cree que el apoyo será clave, pero no al nivel del Plan Colombia. “Colombia ha enfrentado escenarios peores y ha salido adelante con innovación y voluntad política”, concluye.
