El panorama judicial para los implicados en la trama de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se torna cada vez más complejo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ratificó el llamado a juicio contra los congresistas Karen Manrique, Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Julián Peinado y el exparlamentario Juan Diego Muñoz. La decisión confirma la existencia de indicios suficientes sobre el delito de cohecho, marcando el inicio de una etapa definitiva en los estrados judiciales.
A diferencia de sus colegas, quienes enfrentarán el proceso en libertad, el senador conservador Wadith Manzur y la representante Karen Manrique permanecerán privados de la libertad. Manzur continuará recluido en las instalaciones de la Escuela de Carabineros en Bogotá, luego de que el alto tribunal desestimara los recursos de su defensa que alegaban un trato diferencial y “anomalías valorativas” en el cambio de postura de algunos magistrados encargados del caso.
Detalles de la acusación por cohecho
El expediente judicial sostiene que los señalados, en su calidad de miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían canjeado su apoyo a créditos solicitados por la Nación a cambio de contratos de la UNGRD en departamentos como Córdoba, Bolívar y Arauca. Estas maniobras habrían contado con la connivencia del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien también enfrenta cargos por su presunta participación en el desvío de fondos estatales.
Las investigaciones indican que esta red de corrupción generó un perjuicio económico al Estado estimado en 92.000 millones de pesos. Gran parte de este desfalco se originó en los sobrecostos detectados en la compra de carrotanques para abastecer de agua a La Guajira, un hecho que ya mantiene tras las rejas a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla desde finales del año pasado.
Defensas y recursos legales
La defensa de Manzur intentó sin éxito recusar al magistrado Héctor Alarcón, argumentando que su voto varió entre 2025 y 2026 sin la aparición de nuevas pruebas. Sin embargo, la Corte mantuvo su postura, señalando que las medidas de aseguramiento son necesarias debido a la gravedad de los hechos. Por su parte, el abogado de Karen Manrique, Andrés Garzón, aseguró que la representante no aceptará cargos y basará su defensa en la Ley Quinta de 1992, argumentando que sus gestiones fueron de carácter puramente legislativo.
En el mismo sentido, los senadores Juan Pablo Gallo y Liliana Bitar han rechazado públicamente las acusaciones. Gallo calificó el proceso como un intento de “amedrentarlo”, mientras que Bitar negó haber intermediado en la adjudicación de contratos por votos. No obstante, para la Sala de Instrucción, la gestión de proyectos regionales no puede servir de mampara para el direccionamiento ilícito de recursos públicos, postura que ahora deberá ser debatida en la Sala de Primera Instancia.
Próximos pasos judiciales
Este miércoles inicia el juicio en la Corte Suprema contra los exministros Bonilla y Velasco por la millonaria trama de contratos y votos en el Congreso. La ratificación del llamado a juicio contra los seis congresistas representa un avance significativo en la búsqueda de justicia por el desvío de fondos destinados a emergencias nacionales.
