Fedesarrollo planteó una hoja de ruta anticorrupción para el gobierno 2026-2030 que recibirá Abelardo De La Espriella, con una premisa central: Colombia ya tiene un marco normativo relativamente robusto, pero los resultados siguen siendo insuficientes frente a la captura institucional.
El documento, elaborado por Camilo A. Enciso V., fundador del Instituto Anticorrupción e investigador afiliado de Fedesarrollo, advierte que el reto del próximo gobierno no será expedir más leyes, sino transformar los incentivos que sostienen la corrupción.
Diagnóstico de la corrupción en Colombia
Según el informe, la prioridad debe ser reducir la capacidad real de las redes corruptas para capturar contratos, órganos de control, jueces y campañas. La corrupción, señala el texto, “no se erradica en un cuatrienio”, pero su poder sí puede reducirse.
La propuesta parte de un diagnóstico fuerte: la corrupción en Colombia es “grave, sistémica” y presenta riesgos de captura institucional. El documento sostiene que afecta al Estado nacional y subnacional, así como sectores como salud, infraestructura, defensa, regalías y atención de desastres.
No es falta de normas, sino de incentivos
Fedesarrollo advierte que el problema no es la falta de normas. Colombia cuenta con estatutos anticorrupción, normas de transparencia, herramientas penales, extinción de dominio y regulación sobre responsabilidad empresarial. Sin embargo, esa arquitectura no ha sido suficiente. “El problema de fondo no es la falta de normas, sino la economía política que las vacía: instituciones fragmentadas, control politizado y justicia lenta”, señala el documento.
El informe también muestra que los principales indicadores internacionales reflejan una situación preocupante. En 2024, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional calificó a Colombia con 39 puntos, una señal de estancamiento durante el cuatrienio. A esto se suma que, en la evaluación de 2025 del World Justice Project, Colombia obtuvo un puntaje de 0,47 sobre 1, tras un descenso sostenido de diez años. Para Fedesarrollo, la evaluación cualitativa muestra una erosión grave de los esfuerzos anticorrupción.
Contratos, campañas y justicia: los frentes de mayor riesgo
Fedesarrollo describe la corrupción colombiana como un problema de captura del Estado. Bajo esa lectura, redes políticas, económicas y criminales instrumentalizan la contratación pública, los órganos de control, la justicia y los procesos electorales para asegurar rentas e impunidad.
La financiación de campañas aparece como uno de los puntos críticos. El documento advierte sobre aportes ocultos, triangulados o insuficientemente reportados, lo que puede distorsionar la competencia democrática y generar incentivos para capturar decisiones públicas después de las elecciones. De cara al ciclo electoral de 2026, el informe llama a fortalecer la integridad electoral. Entre los desafíos menciona la supervisión del financiamiento político, la transparencia de precampañas, el uso de herramientas digitales y la trazabilidad de los recursos.
El documento también plantea revisar el régimen de inscripción por firmas, la financiación política por terceros, los gastos digitales y el diseño de listas al Congreso. Incluso propone evaluar mecanismos de listas semicerradas o semibloqueadas para reducir incentivos de clientelismo.
Otro frente sensible está en la contratación pública. Fedesarrollo la califica como “el principal canal de riesgo de corrupción en Colombia”, por la contratación directa, pliegos direccionados, baja competencia, débil supervisión de ejecución y escasa capacidad sancionatoria. El informe también advierte riesgos en convenios interadministrativos, contratación con entidades sin ánimo de lucro, regalías, transferencias territoriales, infraestructura, salud, defensa, hacienda pública y empresas estatales. En todos esos frentes, la falta de trazabilidad facilita la captura.
Hoja de ruta para los primeros 100 días y el primer año
La propuesta de Fedesarrollo está organizada por tiempos. Para los primeros 100 días, recomienda adoptar una Política Nacional de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, con metas, indicadores verificables y una línea base para medir avances. También plantea fortalecer la Secretaría de Transparencia, incorporarla como invitada permanente al Consejo de Ministros y blindar nombramientos en entidades estratégicas como la UIAF, la DNI, la Dian, las superintendencias y la propia Secretaría de Transparencia.
Ese blindaje incluiría debida diligencia, verificación de antecedentes, análisis de conflictos de interés y criterios de mérito e integridad. Para el informe, la captura del Estado no siempre ocurre mediante reformas legales, sino a través de la ocupación de cargos clave.
En el primer año, la agenda debería pasar del diseño a la ejecución. Fedesarrollo propone consolidar el registro de beneficiarios finales, un sistema integrado de denuncias, interoperabilidad de bases de datos y plataformas de analítica para identificar riesgos tempranos. El documento también pide auditorías basadas en riesgo, modernización de declaraciones patrimoniales, fortalecimiento del régimen de conflictos de interés y estrategias sectoriales en contratación pública, infraestructura, salud, empresas estatales y gobiernos territoriales.
Reformas de mediano plazo y apuesta tecnológica
Para el segundo año, el informe ubica las reformas que requieren mayor concertación política, como cambios al financiamiento electoral, fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral, regulación de gastos de terceros y especialización para casos complejos de corrupción y criminalidad organizada. A mediano plazo, Fedesarrollo propone reformas estructurales en servicio civil meritocrático, órganos de control, integridad territorial, participación ciudadana y cultura de legalidad. La hoja de ruta busca resultados tempranos y capital político para transformaciones más complejas.
El documento también incorpora una apuesta tecnológica. Propone crear una Unidad Nacional de Innovación para la Integridad Pública, que use inteligencia artificial, analítica avanzada e interoperabilidad de datos para detectar “banderas rojas” antes de que el daño fiscal se materialice.
Para Fedesarrollo, el éxito no debe medirse por el número de normas aprobadas, sino por resultados verificables. La advertencia de fondo es clara: sin coordinación, independencia institucional, tecnología, meritocracia y sanciones efectivas, Colombia seguirá teniendo leyes robustas, pero resultados débiles.
