El juzgado quinto penal del circuito, con función de conocimiento de Barranquilla, confirmó en segunda instancia que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, no será enviado a la cárcel tras la imputación de nuevos cargos por presunta corrupción en contratos de la Gobernación del Atlántico. La decisión, emitida el 30 de abril de 2026, ratifica lo resuelto previamente por el juez de control de garantías Jorge Alberto Ortiz, quien el pasado 19 de diciembre había determinado que el exdiputado podía continuar su proceso en libertad.
Argumentos del juzgado para mantener la libertad
Según el tribunal, no existe riesgo de que Nicolás Petro no se presente a las audiencias o intente huir del país, pues se tomó en cuenta su comportamiento durante los últimos años mientras atiende el proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El juez de segunda instancia explicó que la Fiscalía no aportó la documentación suficiente para sustentar la autoría en varios de los delitos imputados, y señaló que falta inferencia razonable para justificar la presentación de documentos falsos por parte de Petro.
Detalles de la audiencia de apelación
La audiencia se desarrolló como parte de la apelación presentada por la fiscal Lucy Laborde el 19 de diciembre de 2025, en contra de la decisión del juez Ortiz, quien consideró innecesario enviar a Nicolás a prisión, valorando su buen comportamiento y su disposición a comparecer voluntariamente. La Fiscalía había solicitado la medida de aseguramiento, pero el juzgado desestimó los argumentos al no encontrar elementos contundentes.
Los nuevos cargos imputados
Petro Burgos fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Estos cargos derivan de una investigación de la Fiscalía sobre contratos firmados entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso) para trabajar con adultos mayores durante la pandemia de COVID-19. Los contratos, uno de 2021 y otro de 2022, sumaban más de mil millones de pesos. Según el ente acusador, Nicolás Petro se habría apropiado de 111 millones de pesos, recibidos de manera fraccionada en cheques y efectivo.
La decisión del juzgado refuerza la postura de que el procesado puede continuar en libertad mientras se desarrolla el proceso, en contraste con la solicitud de la Fiscalía que buscaba su reclusión preventiva. El caso sigue siendo seguido de cerca por la opinión pública, dado el vínculo familiar del implicado con el presidente Gustavo Petro y las implicaciones políticas que conlleva.
