El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, anunció la aprobación del CONPES 4189, la primera Política Nacional de Trabajo Digno y Decente. Este hito laboral define una hoja de ruta a diez años con una inversión histórica de $1,82 billones y un enfoque estructural para mejorar el empleo en Colombia.
Inversión histórica para el trabajo digno
Durante la conmemoración del Día del Trabajo en Medellín, el Gobierno entregó el CONPES 4189 como su principal resultado en materia laboral. La directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina Posso, destacó el alcance estratégico de la iniciativa: “Hoy no solo marchamos: entregamos resultados. El CONPES 4189 de Trabajo Digno y Decente es la palabra del Gobierno convertida en política pública”.
La política contempla una inversión de $1,82 billones, la mayor destinada por el Estado colombiano a fortalecer los derechos laborales, con una proyección de ejecución hasta 2035. Esta apuesta incluye 104 acciones estructuradas que buscan transformar el mercado laboral.
Enfoque en bienestar laboral como motor económico
El enfoque central de la política plantea que el bienestar laboral es un motor de crecimiento económico y no un costo fiscal. Esto se alinea con evidencia internacional y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre productividad y formalización. “El bienestar laboral no es un gasto: es una inversión en productividad y desarrollo”, afirmó Molina, quien señaló que países con avances en trabajo decente logran mayor formalización, menos conflictividad y crecimiento económico sostenido.
Cinco estrategias clave
El CONPES 4189 se articula sobre cinco estrategias: generación de empleo, reducción de brechas, fortalecimiento institucional, ampliación de la protección social y promoción del diálogo sindical. Estas líneas definen el alcance operativo de la política.
Transición energética y digital justa
Uno de los pilares es la transición energética y digital justa, que orienta la creación de empleo hacia sectores sostenibles. El 81,9% de los recursos, equivalente a $1,47 billones, se concentrará en el Sena para formación en empleos verdes y del futuro, consolidando una apuesta por el desarrollo de capacidades laborales estratégicas.
Enfoque diferencial y poblaciones prioritarias
La política incorpora un enfoque diferencial que prioriza poblaciones históricamente excluidas del mercado laboral, como jóvenes, mujeres, trabajadores informales, comunidades étnicas y personas en condiciones de vulnerabilidad. Para los jóvenes, se implementará un programa territorializado de empleo en ciudades con altas tasas de desempleo, combinando formación, incentivos empresariales y cierre de brechas en capital humano.
Apoyo a vendedores informales y trabajadoras domésticas
Para los vendedores informales, el Gobierno propone un esquema de fortalecimiento productivo y organizativo que evita desalojos y promueve acceso a financiamiento, formación y alternativas económicas sostenibles. Las trabajadoras domésticas serán objeto de inspecciones puerta a puerta en ocho ciudades, con el objetivo de garantizar acceso a seguridad social para más de 700.000 personas que ejercen esta actividad.
Reconocimiento del cuidado como sector laboral
El reconocimiento del cuidado como sector laboral formal marcará un cambio estructural, al incluir cuidadores y parteras en procesos de formalización que buscan otorgarles derechos laborales y estabilidad económica.
Fortalecimiento de la inspección laboral
El fortalecimiento de la inspección laboral contempla duplicar el número de inspectores hasta alcanzar estándares internacionales, así como realizar operativos focalizados en sectores como la floricultura en temporadas de alta demanda.
Reconversión laboral y diálogo social
En paralelo, la política aborda la reconversión laboral de trabajadores afectados por la descarbonización, con énfasis en 14.000 empleados vinculados a la minería del carbón en proceso de transición productiva. El diálogo social se refuerza mediante la creación de escuelas de formación sindical en diez departamentos, junto con la implementación de un nuevo censo sindical y el Sello de Trabajo Digno y Decente.
Protección social y articulación institucional
En materia de protección social, el CONPES plantea rediseñar el mecanismo de protección al desempleo para incluir trabajadores informales y de la economía popular, ampliando la cobertura del sistema. La articulación institucional incluye 12 entidades del orden nacional, entre ellas Planeación Nacional, el Ministerio del Trabajo, el Sena y otras entidades clave que garantizarán la implementación y el monitoreo semestral.
“Es la primera política que integra la realidad climática y digital con el mercado laboral”, afirmó Molina, destacando que la iniciativa formaliza actividades históricamente excluidas y redefine el papel del trabajo en la economía.
