En medio del creciente debate político en Colombia sobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por sectores afines al presidente Gustavo Petro, el vocero del comité promotor, Armando Wouriyú, defendió la iniciativa asegurando que no busca sustituir la Constitución de 1991, sino “adecuarla” a las nuevas realidades del país.
Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el líder indígena Wayúu insistió en que el objetivo central del proceso es actualizar el marco constitucional frente a desafíos contemporáneos como el cambio climático, la transformación digital y las desigualdades estructurales que, según afirmó, persisten en el territorio nacional.
“No pretendo impulsar recolección de firmas para derrumbar. No, ese término no es bueno usarlo… hay que hacer la adecuación”, afirmó Wouriyú, intentando marcar distancia frente a las críticas que señalan que una constituyente podría implicar el reemplazo total de la actual Carta Magna.
Recolección de firmas: el primer paso
El comité promotor ya inició la recolección de firmas necesarias para convocar el mecanismo. Según explicó el vocero, el umbral legal es de 2,3 millones de firmas, pero la meta es alcanzar al menos 5 millones para garantizar la viabilidad del proceso ante la Registraduría Nacional. “Estamos en el proceso de la recolección de firmas para presentar a la Registraduría Nacional… y poder llevar a cabo la constituyente”, señaló.
La iniciativa ha generado polémica no solo por su alcance político, sino también por la logística financiera. El presidente Petro difundió públicamente una cuenta bancaria destinada a recibir aportes ciudadanos para financiar la campaña de recolección. Wouriyú explicó que estos recursos están destinados a cubrir gastos operativos básicos.
“Son costos necesarios para imprimir formatos, comprar bolígrafos, logística para llegar a ese número de firmas”, detalló, en respuesta a los cuestionamientos sobre el uso del dinero. No obstante, las dudas persisten en torno a la transparencia y control de estos recursos, especialmente por la participación indirecta del presidente en la promoción de la cuenta.
¿Reforma o reemplazo constitucional?
Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue la discusión sobre el verdadero alcance de la constituyente. Mientras los periodistas insistieron en que este mecanismo podría derivar en la sustitución total de la Constitución de 1991, Wouriyú reiteró que la intención no es “partir de cero”. “Esta asamblea constituyente no derogará ni cambiará la Constitución del 91, solo añadirá unos capítulos más”, aseguró el líder indígena.
Según explicó, estos nuevos apartados buscarían garantizar derechos que, a su juicio, no han sido plenamente materializados en las últimas décadas, como el acceso efectivo a la salud, la educación, el agua potable y una reforma agraria integral.
Otro de los ejes centrales de la propuesta es la descentralización del poder y el fortalecimiento de las regiones históricamente marginadas. Wouriyú criticó el centralismo del Estado colombiano, señalando que las políticas públicas han estado enfocadas en las grandes ciudades, dejando de lado las zonas rurales y fronterizas. “Las normas siempre están pendientes de las ciudades del centro… no están hechas para los bordes territoriales donde vivimos en la ruralidad”, afirmó.
En este sentido, la constituyente buscaría impulsar un nuevo ordenamiento territorial que permita una mayor autonomía regional y una distribución más equitativa de los recursos.
Cambio climático y economía en la agenda
La actualización constitucional también incluiría temas ambientales y económicos. El vocero destacó la necesidad de adaptar la Carta Magna a los efectos del cambio climático y regular de manera más efectiva actividades como la minería. “Hay que actualizar la Constitución frente al cambio climático, cuidar el ecosistema y organizar mejor la explotación del oro”, explicó.
Asimismo, planteó la posibilidad de revisar el rol del Banco de la República, aunque evitó detallar propuestas concretas. La iniciativa sigue generando un intenso debate en el ámbito político y social, mientras el comité promotor avanza en la recolección de firmas para cumplir con los requisitos legales.
