La Fiscalía General confirmó la condena contra un hombre de 32 años que abusó sexualmente de su hijastra de 13 años en Cartagena, intimidándola con arma cortopunzante y amenazas. El juez lo sentenció a 25 años de prisión.
La Defensoría del Pueblo de Santander inauguró un centro de conciliación en Bucaramanga que permite resolver conflictos familiares, deudas y contratos sin procesos judiciales, con acuerdos de validez legal.
La legislación colombiana establece mecanismos para que abuelos, tíos u otros parientes asuman el cuidado de niños cuando sus padres no garantizan su bienestar, previniendo desprotección infantil.
La Corte Constitucional de Colombia emitió un comunicado defendiendo su decisión de suspender provisionalmente la primera emergencia económica del gobierno, argumentando que busca garantizar el equilibrio de poderes y proteger derechos fundamentales.
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El Ministerio de Justicia envió carta diplomática solicitando prioridad en el caso de la empresaria acusada de envenenar a dos menores con talio en Bogotá. Audiencias clave están programadas para noviembre de 2026.
La ley colombiana establece que la obligación de pagar cuota alimentaria a los hijos se mantiene independientemente de infidelidades. El deber parental prevalece sobre conflictos entre exparejas.
El Ministerio de Justicia envió una carta formal a la Cancillería colombiana, instando a acelerar los trámites para la extradición de Zulma Guzmán desde Estados Unidos, en un caso judicial de alto perfil.
El Ministerio de Justicia presentará este miércoles una herramienta técnica que busca identificar señales tempranas de riesgo de feminicidio y fortalecer la protección de mujeres en contextos familiares.
El ministro Jorge Iván Cuervo solicitó a Cancillería gestionar con el Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán, señalada por el envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá. Se garantiza su seguridad en Colombia.
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El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuero, envió carta urgente a Cancillería para gestionar extradición desde Reino Unido y evitar que quede impune el caso de las frambuesas envenenadas con talio que causó muerte de dos menores.
La investigación judicial en Argentina descubrió comunicaciones entre el presidente Javier Milei y el empresario Mauricio Novelli, clave en el lanzamiento de $LIBRA, que colapsó tras ser promocionada por el mandatario causando pérdidas millonarias.
La Procuraduría General pidió a la Corte Constitucional declarar exequibles los impuestos del decreto de emergencia económica, incluyendo IVA a licores y patrimonio, destinados exclusivamente al sector salud.
Una carta enviada a la Corte Suprema revela que el senador David Racero y un miembro de su UTL habrían mentido bajo juramento sobre el uso de recursos públicos para negocios familiares.
Un tribunal judicial emitió orden de captura contra la exfiscal María Teresa Suárez, tras ser condenada por el delito de prevaricato agravado en un caso que ha generado amplia atención en el país.
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El Consejo de Estado citó a declarar a Luis Carlos Reyes y Gloria Arizabaleta en el proceso de pérdida de investidura contra Roy Barreras por presuntas presiones para cuotas burocráticas en la Dian.
El Mayor General (R) Javier Alberto Ayala Amaya analiza los desafíos de la JEP en el contexto electoral 2026, destacando la necesidad de justicia equilibrada que respete DIH y principios constitucionales para lograr estabilidad democrática.
La justicia estadounidense rechaza la solicitud de Nicolás Maduro y Cilia Flores para que Venezuela pague sus costos legales en el caso de narcoterrorismo, argumentando falta de precedentes y sanciones vigentes.
Edinson Manuel Meza, alias 'el señor de los números', fue condenado a 11 años de prisión por su rol en el Clan del Golfo de Córdoba. Es el primer avance judicial en el caso del periodista Rafael Moreno, asesinado en 2022.
Un juez ordenó prisión para Yovanny González Ulloa, alias Valencia, señalado por la Fiscalía como responsable del hurto y homicidio del docente James Alberto Arboleda en octubre de 2024.
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Reinere Jaramillo, magistrada de la JEP, equilibra su riguroso trabajo en procesos de paz con su vida familiar en Medellín, donde cuida a su madre y juega parqués con sus sobrinos.
La Procuraduría explicó las circunstancias del hurto de tres portátiles durante el proceso de escrutinio electoral en Corferias. Las autoridades investigan el caso mientras se garantiza que la información electoral no fue comprometida.
La Corte Constitucional admitió una acción de tutela contra la decisión que rechazó una demanda sobre el proceso de elección de la fiscal general Luz Adriana Camargo, reavivando el debate judicial.
Conozca los documentos obligatorios que deben presentar los menores de edad para salir de Colombia, incluyendo permisos notariales, escenarios especiales y recomendaciones para evitar inconvenientes en Migración Colombia.
La magistrada Marjorie Zúñiga explica cómo la justicia colombiana está incorporando la perspectiva de género para proteger los derechos laborales de las mujeres, especialmente en pensiones y casos de discapacidad.
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La Corte Suprema de Justicia reabre discusión sobre diferencia entre investigar y ordenar captura antes de condena en caso de corrupción de la UNGRD. Congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique deberán responder ante la justicia.
Los jueces penales de Cali emitieron un comunicado rechazando la exposición mediática y señalamientos durante el escrutinio de las elecciones al Congreso, exigiendo garantías para su seguridad y dignidad.
El presidente Gustavo Petro no acudió a la citación judicial donde se estudia medida cautelar por sus cuestionamientos al sistema electoral. Tribunal ordenó nuevas pruebas.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva ratificó las condenas contra Sandra Milena Cañaveral Zapata y Didier Fernando Puentes Gómez por el violento ataque armado contra un comerciante de café en El Agrado, Huila, ocurrido en 2017.
La Corte Constitucional de Colombia decidió mantener a los magistrados en el caso sobre la primera emergencia económica del gobierno, asegurando continuidad en el proceso judicial.
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La Corte Suprema de Justicia impuso más de cuatro años de prisión al exsenador por su participación en el 'carrusel de la contratación', además de inhabilitación y multa millonaria.
