La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó duramente al ministro del Interior, Armando Benedetti, por un video donde se burla de candidatos que no lograron escaño en elecciones legislativas.
El congresista del Pacto Histórico compareció ante la Sala Especial de Instrucción por presuntamente destinar trabajadores de su UTL a negocio familiar de frutas y verduras en Bogotá.
La Fiscalía General presentó acusación formal contra Julio Gerlein y los abogados Teodoro Deyongh y Diego Muñetón por presuntos delitos de soborno y falso testimonio en el caso de compra de votos que involucra a la excongresista.
El gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.801 que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil con enfoque en reinserción social y reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años tras aprobación en el Senado.
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En Colombia, no existe un plazo legal para cambiar el nombre de una propiedad tras un fallecimiento, pero mantenerla en sucesión ilíquida genera graves riesgos financieros y legales que pueden llevar a la pérdida del inmueble.
La Procuraduría General de la Nación reportó más de 1.300 denuncias durante las elecciones al Congreso, incluyendo compra de votos y participación política indebida. Cada caso será analizado para posibles investigaciones disciplinarias.
Kurt Gödel, genio matemático, descubrió una laguna en la Constitución de EE.UU. que permitiría una dictadura fascista. Su hallazgo, oculto en un examen de nacionalidad, sigue siendo relevante hoy.
La Corte Suprema de Justicia determinará el destino judicial de cinco congresistas y un excongresista acusados de cohecho en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Dos conjueces resolverán el empate en la Sala.
Un alarmante 94% de las personas capturadas en flagrancia en Bogotá recuperan su libertad debido a deficiencias en procedimientos, límites legales y debilidades probatorias que imponen la detención preventiva.
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El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, propone reactivar la Comisión de Reforma de la Justicia para construir acuerdos amplios con cortes, Fiscalía y sociedad, abordando también fallas en capturas y congestión procesal.
En un emotivo momento judicial, Brandt Jean perdonó y abrazó a Amber Guyger, expolicía blanca condenada por matar a su hermano Botham, un joven negro desarmado en su apartamento.
El contrato de anticresis, contemplado en el Código Civil colombiano, permite usar temporalmente una propiedad para pagar deudas mediante sus frutos como arriendos, siendo alternativa a préstamos bancarios.
La investigación judicial revela que familiares y amigos de la pareja habrían prestado sus nombres para ocultar propiedades y vehículos valuados en 2.000 millones de pesos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Gustavo Hernández, de 48 años, fue detenido mediante notificación roja de Interpol. Deberá responder por condena emitida en Palma de Mallorca por abuso sexual contra una niña de siete años.
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La Defensoría del Pueblo movilizará 1.710 funcionarios para acompañar 29.980 mesas de votación en 387 municipios durante las elecciones del 8 de marzo, garantizando derechos electorales.
La Superintendencia de Notariado y Registro enfrenta un incidente de desacato judicial tras la sanción a su directora de Talento Humano por incumplir fallo de tutela que protege derechos laborales de una exfuncionaria con fuero sindical.
La Sala de Casación Penal confirmó la absolución de dos exgobernadores encargados de Vichada, determinando que no hubo fraccionamiento ilegal en contratos de suministro escolar tras considerar las complejidades del departamento.
El Juzgado Catorce Penal de Barranquilla declaró no responsable a Carmiña Navarro, exalcaldesa encargada de Galapa, al no probarse dolo ni arbitrariedad en su actuación administrativa sobre un predio limítrofe.
El juez quinto penal de Bogotá dictó sentencia condenatoria contra Carlos Eduardo Mora González por su participación en el ataque al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido hace nueve meses.
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Expertos legales advierten que sin registrar el acta ante la Registraduría, el matrimonio no produce efectos jurídicos plenos, incluso después de ceremonia religiosa. Conozca los documentos requeridos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró al Estado responsable por las interceptaciones ilegales del DAS contra el Polo Democrático y condenó a su exdirectora María del Pilar Hurtado.
El Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena amparó los derechos colectivos al considerar que el proyecto con seis peajes por 30 años no es conveniente para la comunidad y ordenó medidas de protección.
La Asamblea Nacional controlada por el chavismo informó que la Justicia venezolana otorgó 289 libertades plenas adicionales, sumando 7.654 beneficiados en dos semanas. Se recibieron 12.233 solicitudes.
Un juzgado laboral de Bogotá ordenó arresto de cinco días contra Felipe Harman, director de la ANT, por incumplir orden judicial derivada de tutela presentada por la senadora Paloma Valencia sobre compra irregular de predio.
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El Juzgado 5 de Bogotá avaló el preacuerdo con la Fiscalía que condena a Carlos Eduardo Mora González por planear y ejecutar el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en Modelia.
Carlos Eduardo Mora González, alias 'El Veneco', fue condenado a 21 años por su participación en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. La representación de víctimas destaca que el fallo evidencia una estructura criminal organizada.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó que el extinto DAS ejecutó un plan sistemático de interceptación ilegal contra dirigentes del Polo Democrático entre 2005 y 2009, ordenando al Estado pagar cerca de $700 millones en indemnización.
Peter Francis Kennedy, conocido como 'El monstruo de Latinoamérica', fue extraditado desde Argentina para enfrentar cargos por violencia sexual contra menores en Cali. Las autoridades documentaron prácticas de extrema gravedad en su contra.
El Concejo de Bogotá reconocerá al programa académico que ha documentado casos de suplantación de identidad y fallas en verificación de huellas que llevaron a personas inocentes a prisión.
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El decreto 0030 de 2026 que derogó la prima especial de congresistas ha desatado una ola de demandas ante el Consejo de Estado por afectar también salarios de magistrados, jueces y funcionarios judiciales, generando una polémica sobre derechos laborales.
