La Procuraduría ha extendido la investigación disciplinaria por la polémica parranda vallenata del cantante Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí, Antioquia, ocurrida el pasado 8 de abril. Ahora, el nuevo foco de la pesquisa es el director en propiedad del centro penitenciario, Édgar Iván Pérez Ortega, por presuntas irregularidades en la asignación de turnos de descanso durante la Semana Santa.
¿Por qué se investiga al director?
Hasta ahora, Pérez Ortega no estaba siendo investigado, ya que se había demostrado que se encontraba fuera de funciones durante el evento, disfrutando de su turno de descanso tras haber trabajado en Semana Santa. Sin embargo, la Procuraduría busca determinar si se modificaron de manera informal los turnos de descanso del personal directivo, incumpliendo lo establecido por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
La decisión disciplinaria se originó en una compulsa de copias dentro de la investigación que ya involucraba a otros 12 funcionarios del INPEC, incluido el director encargado Fabián Leandro León Rodríguez, quien es investigado por presunta falsedad ideológica en documento público.
Antecedentes del caso
El escándalo estalló cuando comenzaron a circular videos del evento en redes sociales, mostrando la presencia de licor, equipos de sonido y personas externas dentro del penal, elementos restringidos en estos establecimientos. La Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia busca verificar si hubo alteración de documentos oficiales para avalar la actividad y quién autorizó o facilitó el ingreso de los artistas.
El caso también tuvo repercusiones políticas: el presidente Gustavo Petro ordenó suspender temporalmente los diálogos de paz urbana con estructuras criminales recluidas en ese centro penitenciario hasta esclarecer los hechos. Además, ordenó el traslado de algunos internos que habrían participado en la fiesta, aunque esto aún no se ha concretado y está bajo verificación del Alto Comisionado para la Paz.
Problemas de videovigilancia
La ausencia de cámaras de seguridad en la cárcel ha complicado la recolección de pruebas, ya que el sistema de videovigilancia lleva varios años fuera de funcionamiento. Esta grave situación quedó expuesta tras el episodio. La Procuraduría mantiene la suspensión provisional de varios guardianes y oficiales del INPEC mientras continúan las averiguaciones.
La investigación ahora suma 13 servidores públicos implicados, y el órgano de control busca establecer si las conductas constituyen falta disciplinaria y si los investigados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
