En Colombia, el gasto en medicamentos crece sin control mientras la capacidad local de producción sigue subutilizada. Así lo advierte Carlos Francisco Fernández, presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Asinfar), quien asegura que urge una política farmacéutica de Estado que trascienda gobiernos y alinee las capacidades del país para garantizar acceso real y sostenible a los tratamientos.
Un mercado de más de 30 billones de pesos
El mercado farmacéutico colombiano supera los 30 billones de pesos anuales, y los medicamentos representan entre el 25% y el 30% del gasto total en salud. La industria nacional produce el 70% de las unidades que consume el país, pero cerca del 80% del gasto se concentra en medicamentos importados de alta tecnología, muchos de ellos en condiciones monopólicas o de baja competencia.
“El país produce lo esencial y paga por lo que no controla”, señala Fernández. Colombia cuenta hoy con cerca de 100 plantas certificadas en Buenas Prácticas de Manufactura, cuando a comienzos de los años 2000 eran cerca de 200. Esta reducción implica pérdida de empleo, capital productivo, conocimiento acumulado y capacidad fiscal, además de mayor vulnerabilidad para los pacientes en el acceso y la oportunidad de sus tratamientos.
¿Por qué una política farmacéutica de Estado?
Fernández explica que sin una dirección clara, el país opera por inercia. “No se trata de estatizar, sino de aprovechar y hacer crecer la infraestructura que ya existe. Colombia tiene industria, regulación y talento. Lo que falta es una política que trascienda gobiernos y alinee esas capacidades para convertirlas en acceso real y sostenible para la gente”.
Autonomía sanitaria: un concepto clave
La autonomía sanitaria, según el presidente de Asinfar, es la capacidad de responder a las necesidades farmacéuticas de la población, tanto en condiciones normales como en crisis. “No es un concepto abstracto: es garantizar el mayor acceso posible”.
La industria nacional produce entre el 70% y el 80% de las unidades que consume el país, lo que sostiene el volumen, el acceso y la continuidad de los tratamientos cotidianos. Sin embargo, el 20% de los medicamentos importados de alta tecnología concentra cerca del 80% del gasto, generando una presión financiera enorme sobre el sistema.
Desindustrialización y dependencia
Colombia pasó de tener cerca de 200 plantas farmacéuticas en el año 2000 a solo unas 100 en la actualidad. “Eso significa menos empleo, menos inversión, menos conocimiento y menos capacidad productiva. Recuperarla es una necesidad”, afirma Fernández.
La dependencia de importaciones costosas implica un riesgo real para la población. “Si falla el suministro o se encarece el acceso, el impacto es inmediato. En salud, la dependencia se traduce en bienestar, en vidas y en costos muchas veces incuantificables”, agrega.
Competitividad y asimetrías regulatorias
La industria colombiana opera bajo estándares altos y certificaciones internacionales, y exporta, aunque todavía poco frente a su potencial. Sin embargo, persisten asimetrías regulatorias que favorecen a los productos importados. “En algunos casos, es más ágil registrar un producto importado que uno nacional. La regulación debe garantizar calidad y seguridad, pero también condiciones equilibradas para los fabricantes locales”, señala Fernández.
El camino hacia la reindustrialización
Para lograr autonomía sanitaria, el país necesita avanzar en investigación y desarrollo, producción de principios activos y biotecnología. “Reindustrializar no es solo producir lo básico, es avanzar en conocimiento. Sin eso, el país seguirá comprando lo más costoso sin capacidad de negociación”, enfatiza.
Fernández critica que, aunque ha habido anuncios gubernamentales, lo estructural sigue en el papel. “Lo que no se ejecuta, no cambia”. Además, señala que los candidatos presidenciales hablan de reformar el sistema de salud, pero el tema de los medicamentos sigue siendo marginal, cuando es estructural.
Riesgos de seguir ignorando la industria
“Debilitar la industria farmacéutica es la peor decisión sanitaria posible en el mundo de hoy. Destruye empleo, capacidades productivas y tejido social, y aumenta la vulnerabilidad frente a eventos que pueden tener efectos devastadores, como se vio en la pandemia”, concluye Fernández.
