El hijo del mandatario nacional ganó un nuevo pulso judicial. La justicia desestimó el arresto solicitado por inasistencia presencial a los estrados. Siga las noticias de Vanguardia en Google Discover.
Justicia ratifica libertad para el exdiputado
El panorama judicial de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, sumó un nuevo capítulo este jueves 30 de abril. En una audiencia que se extendió durante la jornada, los estrados judiciales de Barranquilla definieron el futuro inmediato del exdiputado, quien se encuentra en el ojo del huracán por presuntas irregularidades en la contratación pública del departamento del Atlántico.
A pesar de la insistencia de la Fiscalía General de la Nación por lograr una medida de aseguramiento, el Juzgado Quinto Penal de Barranquilla decidió, en segunda instancia, que Petro Burgos podrá seguir afrontando su proceso en libertad. Con esta determinación, el tribunal confirmó lo dictado previamente por el Juzgado 14 Penal Municipal, desestimando la apelación del ente acusador que buscaba privarlo de la libertad mientras se aclara su participación en el manejo de dineros públicos.
La investigación gira en torno a un supuesto interés indebido del entonces diputado en contratos de la Gobernación del Atlántico. Según el expediente, estos convenios estaban destinados a la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y tenían como objetivo atender a poblaciones vulnerables, específicamente a niños con discapacidad y adultos mayores. Aunque los cargos fueron imputados formalmente, el hijo del presidente se ha mantenido firme en no aceptarlos.
Polémica por viajes a clubes militares y faltas
Más allá del debate sobre los contratos, un detalle en el comportamiento de Nicolás Petro generó indignación en la Fiscalía: su inasistencia presencial a las audiencias. La defensa había argumentado que, al estar incluido en la llamada ‘Lista Clinton’, el investigado tenía restricciones financieras que le impedían comprar tiquetes aéreos para desplazarse a Barranquilla, sumado a preocupaciones por su seguridad personal.
Sin embargo, el ente acusador presentó pruebas que contradicen estas limitaciones. El rastreo de las autoridades permitió establecer que, en las mismas fechas en que se excusaba de asistir a los juzgados, Petro Burgos se encontraba disfrutando de clubes vacacionales de las Fuerzas Militares en Cartagena y Santa Marta. Ante lo que consideran una “burla” a las órdenes judiciales, la fiscal del caso solicitó formalmente una sanción de arresto de hasta cinco días por desacato, argumentando que el investigado estaba a menos de dos horas de la sede judicial mientras alegaba imposibilidad de viaje.
