A seis meses del fin de su mandato, el gobierno de Gustavo Petro no logró la paz prometida y enfrenta una crisis de violencia político-electoral con 139 víctimas registradas en 2025.
El conflicto armado colombiano ha dejado cientos de miles de muertos, millones de desplazados y una inversión millonaria fallida. Analizamos las raíces históricas y las oportunidades perdidas en desarrollo social.
Las delegaciones del Gobierno Nacional y la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano ratificaron compromisos para sustituir 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos, con verificación internacional programada para marzo de 2026.
Un informe revelador muestra que apenas 13 de cada 100 estudiantes logran graduarse con aprendizajes básicos en educación media. La cobertura neta cae al 50.52% mientras ASCUN propone 9 estrategias urgentes.
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El presidente Gustavo Petro firmó la ley que amplía la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial hasta 2034, beneficiando a 170 municipios golpeados por la guerra con inversiones billonarias.
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano ratificó su apoyo a la erradicación de cultivos ilícitos luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara su voluntad. Se acordó nuevo ciclo de diálogos de paz en marzo.
Una delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de paz con el ELN destacó la importancia de la destrucción comunitaria de laboratorios de cocaína en el Pacífico colombiano como medida para avanzar en el proceso de paz y reducir la violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz solicita a la justicia ordinaria investigar una excavación ilegal en un predio vinculado al caso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, conocido como Movilla, por posible obstrucción a la verdad.
Una delegación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional visitó Bogotá durante cuatro días para evaluar el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano tras el cierre del examen preliminar en 2021. La misión técnica verificó avances y dejó c
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Organizaciones sociales reclaman participación vinculante en negociaciones tras renuncia de vocero armado y anuncio de pacto condicionado. Temen exclusión de víctimas y comunidades.
El Fondo Colombia en Paz presenta en Barranquilla la marca Paisana, que agrupa a más de 400 productores vinculados al Acuerdo de Paz con 1.400 productos que buscan comercialización nacional.
La Presidencia de la República prorrogó el mandato de nueve gestores de paz, incluyendo figuras como 'Sonia' y 'Mono Clinton', vinculados a los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN en Nariño.
El Gobierno nacional extendió el mandato de nueve gestores de paz vinculados a los Comuneros del Sur, disidencia del ELN, incluyendo figuras condenadas por secuestro y homicidio.
El Ministerio de Educación inicia vigilancia a la Fundación Universitaria San José tras denuncias de compra de títulos, mientras Juliana Guerrero mantiene influencia en el gobierno de Petro.
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Organizaciones de víctimas y expertos solicitan coordinación entre la Jurisdicción Especial para la Paz y Justicia y Paz para evitar contradicciones en el caso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Representantes Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao califican como insuficientes las medidas contra la Fundación Universitaria San José, tras escándalo de presunta venta de títulos que involucra a funcionaria Juliana Guerrero.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz advierte sobre la creciente influencia de grupos armados ilegales en procesos electorales, amenazando la democracia.
Más de 300 niños en El Carmen, Norte de Santander, están sin clases y en alto riesgo de reclutamiento forzado debido a hostigamientos del ELN. La situación afecta a comunidades indígenas y campesinas.
La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó que continuará investigando el asesinato del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, tras negar la apelación presentada por su familia para cerrar el caso.
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El Ministerio de Educación de Colombia explicó que la designación de Juliana Guerrero como delegada depende exclusivamente de la Presidencia de la República, tras polémica por su nombramiento.
La congresista Jennifer Pedraza criticó duramente al ministro Daniel Rojas por la demora en actuar contra la Fundación San José, mientras la Fiscalía ya avanzó con imputaciones por títulos falsos.
El Ministerio de Educación investiga pago de salarios por debajo del mínimo legal, publicidad indebida y falta de reporte de información, además de la entrega irregular de títulos en la Fundación San José.
El cabecilla histórico de 'Los Pesebreros' renunció como vocero de la mesa de paz urbana del Valle de Aburrá, revelando críticas sobre improvisación y falta de avances. El gobierno respondió firmando un acuerdo condicionado para mantener el proceso.
Los sindicatos educativos de Cataluña informan que el 85% de los profesores secundan la huelga por mejoras salariales y recursos, mientras Educación cifra el seguimiento en solo el 11,9%.
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El conseller Albert Dalmau extiende la mano a la comunidad educativa para alcanzar un acuerdo que incluya mejoras salariales y excelencia en la educación pública catalana.
El paro convocado por sindicatos educativos en Cataluña muestra un seguimiento del 11,90% según datos oficiales. La consellera Niubó expresa voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos sobre salarios y recursos educativos.
El Ministerio de Educación Nacional intensificó acciones contra la Fundación San José por presuntas irregularidades en expedición de títulos. Se ordenó vigilancia especial, plan de mejoramiento y pliego de cargos a directivos.
La delegación gubernamental confirma la firma de un acuerdo condicionado para la paz urbana en Medellín, tras la renuncia del vocero Carlos Pesebre. La senadora Isabel Zuleta explica los detalles del proceso y responde a las críticas.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia revela que al menos 100.000 ciudadanos en el Catatumbo enfrentarán obstáculos para ejercer su derecho al voto, debido a la violencia y falta de garantías de seguridad en la región.
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El periodo electoral de 2026 enfrenta retos críticos como la desinformación, la polarización política y el uso de lenguaje violento, que amenazan la integridad democrática y el debate público en Colombia.
