En 2026, Colombia enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes: cada día, más de 500 personas son desplazadas o confinadas debido al recrudecimiento del conflicto armado. Así lo revela el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, que contabiliza más de 47.000 afectados entre el 1 de enero y el 31 de marzo.
Desplazamiento masivo y confinamiento: cifras alarmantes
El informe detalla 40 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 7.668 personas. A esto se suman 26 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 39.807 personas. Estas dinámicas están ligadas al control territorial ejercido por grupos armados mediante carnetización, toques de queda y declaratorias de 'paros armados', que cierran el comercio y prohíben la libre circulación.
El ELN y el confinamiento en Chocó
El 18 de marzo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) decretó un paro armado en Chocó, dejando a más de 6.000 ribereños del Bajo Baudó confinados. La orden de restringir "completamente la movilidad fluvial en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa" bloqueó el abastecimiento y la atención médica en una de las regiones más vulnerables del país.
Departamentos más afectados
En el trimestre, Cauca encabeza la lista con más de 9.300 víctimas, seguido de Chocó (7.765 confinados), Caquetá (5.030), Antioquia (5.023) y Bolívar (3.882). En marzo, los picos de desplazamiento se concentraron en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca, con municipios como Tibú, El Tarra, Barbacoas y Buenaventura entre los más impactados.
Confinamiento: una estrategia de guerra
En marzo se documentaron 12 eventos de confinamiento que limitaron la movilidad de 18.862 personas, principalmente en Chocó, Cauca y Bolívar, en municipios como Alto Baudó, Litoral de San Juan, Guapi y Santa Rosa del Sur. En el acumulado trimestral, los departamentos con mayor número de desplazados incluyen Magdalena, Norte de Santander, Cauca, Antioquia y Nariño. En confinamiento, también se ven afectados Meta y Guainía, evidenciando que esta práctica se ha naturalizado como 'arma de guerra' por distintas estructuras criminales.
La Defensoría advierte que "mediante amenazas, incursiones, homicidios, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y el uso de artefactos explosivos, los grupos armados imponen restricciones a la movilidad, afectan el acceso a alimentos, a servicios de salud y educación, y profundizan la vulnerabilidad de las comunidades, particularmente de poblaciones indígenas y afrodescendientes".
Impacto desproporcionado en comunidades étnicas
Al menos 17 comunidades étnicas fueron impactadas por estos eventos, lo que evidencia afectaciones desproporcionadas sobre poblaciones con especial protección constitucional. Estas dinámicas se enmarcan en un contexto más amplio de movilidad humana forzada: a los desplazamientos masivos se suman 25.191 personas que se vieron obligadas a salir por factores ambientales (especialmente en Córdoba) y 25.585 migrantes en tránsito irregular.
