La política de paz total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro vuelve al centro del debate público. Un nuevo informe de Asocapitales, la organización que agrupa a las capitales del país, cuestiona duramente los resultados de esta estrategia y advierte que Colombia enfrenta un deterioro significativo en materia de seguridad.
Críticas a la paz total
El informe de Asocapitales sostiene que la política de paz total no ha logrado contener la violencia. Por el contrario, se registra una expansión de grupos armados, un fortalecimiento de las economías ilegales y un aumento sostenido de delitos de alto impacto en diversas regiones del país.
“Lo que estamos viendo en distintas regiones del país es una señal clara de que la política de Paz Total no está logrando contener ni reducir la violencia. Las ciudades capitales están asumiendo las consecuencias de un modelo que no está garantizando seguridad en el territorio”, afirmó Andrés Santamaría, director de Asocapitales.
Cifras alarmantes
Pese a que el presidente Petro ha señalado que “no hay un caos de seguridad como se anuncia” y que los hechos violentos “son los más bajos desde 1993”, las cifras presentadas por Asocapitales contrastan con esa visión. Según el informe, más de 88.100 personas han sido desplazadas masivamente en 2025, la cifra más alta en 18 años. Además, se registraron 701 secuestros, el nivel más alto en una década, lo que representa un aumento del 124 %.
El informe también destaca que la política de paz total ha facilitado el fortalecimiento de los grupos armados, que se han aprovechado de los procesos de diálogo con el gobierno para incrementar su presencia en algunos territorios en más del 100 %.
“No puede haber beneficios sin resultados. Una política de paz sin condiciones verificables de seguridad termina debilitando la capacidad del Estado y fortaleciendo a las estructuras criminales”, señaló Santamaría.
Gestores de paz y justicia
Otro punto crítico del informe son las designaciones de gestores de paz. Asocapitales advierte que 75 personas con antecedentes o condenas penales —que suman más de 1.246 años de condena— han recibido beneficios jurídicos sin que se verifiquen resultados en la reducción de la violencia.
Estos beneficios otorgados por el gobierno han sido utilizados por los criminales y los grupos armados, quienes además se aprovechan de las fallas estructurales en la justicia. Por ejemplo, el 93 % de los homicidios permanece en la impunidad, 11 alcaldes han sido amenazados y el crimen organizado controla barrios en ciudades como Cali, Barranquilla y Cúcuta.
En 2025 se registraron 14.038 homicidios, lo que lo convierte en el año más violento de la última década.
Llamado urgente al Gobierno
Frente a este panorama crítico de violencia e inseguridad, Asocapitales hizo un llamado al Gobierno Nacional para replantear la política de seguridad y paz. La organización pide priorizar el fortalecimiento del pie de fuerza y atacar estructuralmente las economías ilegales. También solicita una revisión de las gestorías de paz y la necesidad de procesos de diálogo con verificación independiente y resultados medibles.
“Colombia necesita una política de paz que esté acompañada de una política de seguridad sólida. Sin control territorial, sin justicia efectiva y sin coordinación con las ciudades, no hay paz sostenible”, concluyó Santamaría.
El informe también destaca que en 2025 se registraron 13.417 casos de extorsión, una de las cifras más altas registradas. Las ciudades capitales no solo concentran los principales riesgos en materia de seguridad, sino que también son clave para la solución. Por eso, “se hace un llamado al Gobierno Nacional para trabajar conjuntamente en soluciones efectivas que reflejen resultados con prontitud”.
