El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció que desmontará la política de Paz Total desde el 7 de agosto y que revisará los acuerdos, beneficios, ceses al fuego, levantamientos de órdenes de captura y otras medidas concedidas a estructuras criminales durante el gobierno saliente.
El anuncio fue hecho a través de un comunicado, fechado el 6 de julio, en el que se dice que el país debe conocer “la verdad sobre los compromisos adquiridos bajo la llamada Paz Total”. Según se menciona en la circular, esa política “terminó convertida en impunidad, concesiones inaceptables y entrega territorial frente a grupos armados ilegales”. Con ese planteamiento, el nuevo gobierno marca una ruptura directa con la estrategia de negociación impulsada por Gustavo Petro.
Equipo encargado del desmonte
De La Espriella anunció la designación de un equipo encargado de desmontar esa política y revisar los beneficios otorgados. La decisión se perfila como una de las primeras definiciones de fondo de su agenda de seguridad nacional. El comunicado señala que, desde el 7 de agosto, el nuevo gobierno adoptará decisiones para “recuperar el imperio de la ley”, reactivar órdenes de captura vigentes y devolver a las Fuerzas Armadas la capacidad de proteger el territorio.
También plantea que el Estado deberá perseguir a los “narcoterroristas” y defender a los colombianos. El lenguaje del documento marca un giro frente al enfoque de diálogos, ceses y reconocimientos como interlocutores que caracterizó la Paz Total. “La Patria Milagro no tolerará más impunidad ni territorios entregados”, señala el comunicado. En la misma línea, advierte que los violentos tendrán “un solo camino”: el sometimiento a la justicia o enfrentar “todo el peso legítimo del Estado”.
Ultimátum a grupos armados
Esa postura también se conecta con el ultimátum que De La Espriella lanzó días atrás a los grupos armados ilegales, durante la entrega de sus credenciales como presidente electo. En ese pronunciamiento previo, De La Espriella dio a los grupos armados un mes para organizar su sometimiento a la justicia. También advirtió que en su gobierno no habrá “ofertas generosas” ni negociaciones amplias como las que, según él, se dieron durante la administración Petro. El presidente electo criticó con dureza la política de Paz Total y sostuvo que el gobierno saliente mantuvo una relación de “connivencia” con estructuras criminales, algo que calificó como “asqueante y vergonzoso”.
Uno de los primeros efectos de ese ultimátum se conoció en Barranquilla. Según reportó 'El Colombiano', los cabecillas de la organización criminal Los Pepes, Digno José Palomino y Aldair Montealegre, manifestaron su intención de someterse a la justicia penal colombiana. De La Espriella confirmó públicamente esa solicitud. “He recibido una solicitud de los delincuentes Digno José Palomino y Aldair Montealegre, cabecillas de Los Pepes, una organización criminal que ha sembrado el terror en Barranquilla y el departamento del Atlántico”, dijo. El presidente electo agregó que estos cabecillas “han entendido el ultimátum” y han manifestado su intención de someterse “con la ley actual”.
Seguridad urbana y desafío jurídico
El caso de Los Pepes tiene un peso particular por el deterioro de la seguridad en Barranquilla y el Atlántico. La organización ha sido señalada por homicidios selectivos, extorsiones, microtráfico y disputas territoriales con otras estructuras criminales. De La Espriella dijo que coordinará el procedimiento con el Ministerio de Defensa y que solicitará a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, designar un fiscal especializado y un grupo de policía judicial para acompañar el proceso. La precisión busca marcar distancia frente a una negociación política. Según lo anunciado, el propósito será garantizar que la captura, entrega o judicialización de estos cabecillas se haga dentro del marco legal vigente.
El anuncio sobre la Paz Total también se conecta con otra medida de seguridad del presidente electo: la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. De La Espriella anunció que el 7 de agosto firmará el decreto para poner en marcha esa estrategia. El bloque estaría enfocado en enfrentar delitos como extorsión, atracos y homicidios en las principales ciudades. La propuesta contempla convocar a alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para construir un plan conjunto de intervención.
En la práctica, la agenda de seguridad del presidente electo tendría dos niveles. Uno dirigido a grupos armados ilegales con presencia territorial y otro enfocado en bandas urbanas, economías criminales, extorsión, homicidios y microtráfico en ciudades.
Revisión jurídica compleja
El desmonte de la Paz Total, sin embargo, implicará una revisión jurídica compleja. No todos los instrumentos tienen la misma naturaleza: algunos podrían modificarse mediante actos administrativos, mientras otros dependerían de leyes, decretos, decisiones judiciales o marcos institucionales específicos. La promesa de reactivar órdenes de captura también exigirá coordinación con la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Militares y jueces competentes. En varios procesos, la suspensión de órdenes ha sido usada para facilitar contactos con voceros de grupos ilegales.
El desafío para el nuevo gobierno será convertir el anuncio en decisiones concretas desde el 7 de agosto. La revisión de beneficios, ceses al fuego y compromisos heredados marcará uno de los primeros frentes políticos, jurídicos y operativos del mandato.
