El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso más en el endurecimiento de su política migratoria. A partir del 29 de mayo, los solicitantes de asilo deberán pagar una nueva tarifa anual de 100 dólares mientras su caso esté en trámite. Si no lo hacen en un plazo de 30 días, su solicitud será cancelada y podrían enfrentar la deportación.
Nueva regla de asilo: pagar o perder el caso
La medida fue formalizada mediante una regla interina publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta regla no solo implementa el esquema de cobros creado por el Congreso en 2025, sino que introduce un elemento severo: la cancelación automática del caso si el solicitante no paga dentro de 30 días.
Los solicitantes de asilo deberán pagar una tarifa de presentación de 100 dólares para el formulario I-589 y, además, una tarifa anual de 100 dólares por cada año que el caso permanezca pendiente. Esto cumple con el mandato de la ley presupuestaria H.R. 1 (Big Beautiful Bill), aprobada el año pasado, que ordenó al Ejecutivo crear mecanismos para financiar el sistema migratorio mediante aportes directos de los solicitantes.
Consecuencias del impago
Si una persona no paga dentro de los 30 días posteriores a la notificación, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) rechazará la solicitud de asilo. Además, si el caso es anulado, el solicitante pierde automáticamente cualquier permiso de trabajo asociado a la petición. Si la persona no cuenta con otro estatus legal en el país, el DHS iniciará un proceso de deportación.
Antecedentes y contexto
El cobro no es nuevo. En julio de 2025, el gobierno ya había anunciado la tarifa inicial para presentar la solicitud de asilo, rompiendo con décadas de política pública basada en la idea de que pedir refugio es un derecho humanitario. Sin embargo, hasta ahora no se había establecido que el impago de la cuota anual implicara la anulación automática del proceso en un plazo tan breve.
El sistema de asilo está bajo presión, con cientos de miles de casos acumulados y tiempos de espera que pueden extenderse durante años. La introducción de un pago recurrente añade una carga adicional a los solicitantes que, en muchos casos, llegan al país sin recursos económicos.
Reacciones y advertencias
Organizaciones de defensa de migrantes han advertido que la medida podría tener un efecto disuasorio significativo, al obligar a los solicitantes a elegir entre pagar una tarifa anual o arriesgarse a perder su caso y quedar expuestos a la deportación. Asimismo, advierten que muchos casos podrían anularse si la persona no recibe la notificación porque cambió de dirección, correo electrónico o teléfono.
Otros ajustes en la regla
La regla incluye otros ajustes. A partir de ahora, el gobierno retendrá la tarifa de solicitud incluso si el formulario es rechazado por errores. También limita a un máximo de un año los permisos de trabajo para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y fija nuevas tarifas para otros trámites migratorios.
Aunque se trata de una norma provisional, el DHS comenzará a aplicarla a partir del 29 de mayo, mientras recibe comentarios del público hasta finales de junio. En la práctica, miles de solicitantes de asilo deberán empezar a pagar a tiempo, bajo el riesgo de que su caso sea cerrado automáticamente en apenas un mes.
Estrategia detrás de la medida
La semana pasada, una corte de apelaciones declaró ilegal la orden ejecutiva de Trump de enero de 2025 que suspendió las solicitudes de asilo bajo el supuesto de una invasión de ilegales. Aunque esa decisión fue apelada y va camino a la Corte Suprema, la administración busca alternativas para frenar la llegada de solicitantes de asilo y cancelar solicitudes vigentes.
Según un reporte del Instituto CATO, en el primer año de la administración Trump, los casos de asilo en la frontera sur pasaron de unos 40.000 al mes a solo 26 en febrero de este año. La anulación de procesos por impago parece ser otra estrategia para limitar el flujo de asilados.
