La Personería de Cali abrió un proceso de contratación para adquirir licencias de software Adobe, antivirus ESET y Office 365, junto con soporte técnico, con un presupuesto total de $93.818.084 hasta diciembre de 2026.
La Superintendente de Industria y Comercio calificó de arbitraria la sanción de la Procuraduría a 16 funcionarios y contratistas por inspecciones en 2024. Los sancionados recurrirán al derecho de defensa.
La Procuraduría suspendió e inhabilitó a cuatro funcionarios y sancionó a doce contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio por exceder sus funciones durante visitas a la Registraduría y Cancillería.
La Procuraduría General de la Nación impuso sanciones a 16 funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio por presuntas fallas en el manejo de información sensible durante inspecciones a la Registraduría y Cancillería en 2024.
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La Procuraduría General notificará sanciones disciplinarias contra al menos 15 funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio por irregularidades en visitas administrativas a la Registraduría Nacional en marzo de 2024.
La Contraloría General de la República advirtió sobre graves irregularidades en un contrato de 4.500 millones de pesos para la recuperación de arrecifes en San Andrés, incluyendo sobrecostos y falta de supervisión técnica.
La Contraloría de Bogotá inició una actuación de control fiscal sobre el salón comunal Juan Pablo II y el Colegio Distrital San Francisco - Sede B, por presuntos sobrecostos y retrasos en obras en Ciudad Bolívar.
La Contraloría detectó sobrecostos, viajes no justificados a Bahamas y fallas en la ejecución de un contrato para recuperar arrecifes coralinos en el archipiélago de San Andrés, con hallazgos fiscales por 4.642 millones de pesos.
La Contraloría General de la República abrió un control fiscal a los recursos invertidos en proyectos de infraestructura en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, para verificar su correcta ejecución.
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La Contraloría General identificó irregularidades en un contrato de Coralina para recuperación de arrecifes en San Andrés, con inconsistencias en pagos por $1.949 millones y desembolsos sin soporte adecuado.
La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente a la Superintendencia de Servicios Públicos que informe sobre la existencia de un plan para recuperar la empresa Air-e, tras las graves fallas en el servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe
La Contraloría Departamental de Bolívar presentó su informe de gestión 2025, revelando hallazgos fiscales por $9.365 millones, con $726 millones detectados directamente por ciudadanos mediante denuncias.
El modelo de supervisión del sector cooperativo en Colombia evoluciona hacia un enfoque preventivo y estratégico, priorizando la sostenibilidad sobre la corrección tardía y fortaleciendo el tejido social y económico de las regiones.
El debate sobre el papel de los medios de comunicación estatales en Colombia se intensifica, con acusaciones de sesgo político y falta de independencia editorial. Analizamos las críticas y defensas.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la admisión de la demanda de la Procuraduría que busca anular un convenio de más de COP 1,3 billones para pasaportes con Portugal, por fallas en financiación y procedimiento.
La Procuraduría General abrió acción preventiva por deficiencias en servicio de aseo en Bello y otros siete municipios antioqueños. Se verificará calidad, cobertura y continuidad del servicio.
La Contraloría de Bogotá anunció que realizará una auditoría integral a las obras del Metro en el segundo semestre de 2026, enfocándose en la gestión de recursos y cumplimiento de cronogramas.
La Procuraduría detectó graves fallas en el proceso de contratación de obras viales por más de 21.400 millones de pesos en Barrancabermeja, incluyendo falta de publicación en SECOP II y omisión de especificaciones técnicas.
La Alcaldía de Cali oficializó la adjudicación del servicio de vigilancia privada para sedes distritales por $26.888 millones, con cláusulas que exigen contratar 135 personas de poblaciones vulnerables.
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La Superintendencia de Industria y Comercio abrió dos investigaciones por posibles acuerdos anticompetitivos en procesos del ICBF en Magdalena y del municipio de La Mesa en Cundinamarca.
La Contraloría General de la República identificó 6.292 contratos directos por más de $2 billones en sectores no exceptuados tras la entrada en vigor de la ley de garantías electorales, con énfasis en rubros como eventos y publicidad que podrían incidir e
La Contraloría General emitió alerta técnica tras identificar 6.292 contratos directos por más de 2 billones de pesos en sectores no exceptuados por la Ley de Garantías, evidenciando posible desvío de recursos en proceso electoral.
La empresa de servicios públicos de San Gil, Acuasan, enfrenta su segundo año consecutivo con pérdidas superiores a $1.000 millones. El Concejo Municipal suspendió el debate de control político donde se esperaban explicaciones, mientras veedurías alertan
La Contraloría General identificó más de 6.000 contratos por $2 billones en sectores no exceptuados durante la vigencia de la Ley de Garantías, incluyendo gastos en eventos y publicidad.
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La Contraloría General de la República reveló que se realizaron contrataciones directas por más de $2 billones después de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, generando alertas sobre posibles irregularidades en el proceso.
La Procuraduría General recibió una denuncia que señala que la Cancillería no cuenta con un sistema de costos para establecer las tarifas de pasaportes, lo que podría afectar la transparencia y legalidad en la fijación de precios.
La sesión de control político a Acuasan terminó sin debate por ausencia de su gerente. Concejales advierten sobre déficit de $2.000 millones en 2025 y posible intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos.
La Contraloría General reveló deficiencias críticas en la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, incluyendo falta de datos para seguimiento y monitoreo de recursos privados e internacionales destinados al cambio climático.
La Contraloría General identificó 22 hallazgos en la administración de bienes y sociedades bajo extinción de dominio, con problemas en contratos, vehículos y sistemas de información.
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Auditoría de la Contraloría expone que la Sociedad de Activos Especiales ha gastado más de $2 mil millones en parqueadero para 113 vehículos incautados que se deterioran sin generar ingresos al Estado.
