Procuraduría impone sanción de 15 meses al alcalde de Suratá por designación ilegal
En un fallo contundente, la Procuraduría General de la Nación ha suspendido por quince meses al alcalde del municipio de Suratá, Jerónimo Pabón Vega, tras comprobar que realizó un nombramiento administrativo sin cumplir con los requisitos legales establecidos. La decisión del ente de control evidencia una grave vulneración a los principios de idoneidad en la función pública.
El caso que desencadenó la sanción
La investigación se centró en la designación de Ludwing Guerrero Jove como jefe encargado de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA). Según los documentos probatorios, el funcionario solo contaba con estudios de bachillerato y un título técnico en ganadería bovina, mientras que la normativa exige específicamente:
- Un título universitario en áreas agropecuarias
- Tarjeta profesional vigente en el mismo campo
El fallo de la Procuraduría señala que el alcalde actuó "a título de dolo" al firmar el acto administrativo que otorgaba el cargo, ignorando deliberadamente la evidente falta de formación del designado.
Sanciones complementarias y fundamentación legal
Además de la suspensión del mandatario municipal, Ludwing Guerrero Jove recibió una sanción de dos meses de suspensión por aceptar un cargo para el cual no acreditaba las competencias mínimas requeridas. La Procuraduría calificó su conducta como "culpa gravísima" en el ejercicio de funciones públicas.
La decisión del organismo de control deja en evidencia que el problema fundamental no radicaba en el trámite administrativo en sí mismo, sino en la falta absoluta de idoneidad en el nombramiento realizado. Según el pronunciamiento oficial, el alcalde vulneró la obligación constitucional de garantizar que quienes ocupan cargos públicos "reúnan los requisitos legales y reglamentarios" establecidos para cada posición.
Implicaciones y contexto regional
Esta sanción se produce en el departamento de Santander, donde la Procuraduría ha intensificado sus controles sobre la administración municipal. El caso del municipio de Suratá representa un precedente significativo en la lucha contra las irregularidades en los nombramientos públicos, especialmente en cargos técnicos que requieren formación especializada.
La suspensión de quince meses implica que el alcalde Jerónimo Pabón Vega no podrá ejercer sus funciones durante más de un año, lo que podría generar cambios en la administración municipal y en la continuidad de proyectos en curso. La Procuraduría ha enfatizado que esta medida busca "garantizar la transparencia y legalidad" en el ejercicio del poder público a nivel local.
