En pleno ejercicio del sistema de pesos y contrapesos establecido por la Constitución, las altas cortes se han pronunciado mediante medidas cautelares sobre actuaciones del Ejecutivo que han generado alertas en importantes sectores de la sociedad y debates jurídicos sobre su legalidad.
Consejo de Estado suspende traslado de pensiones
La Sección Segunda del Consejo de Estado aplicó la suspensión provisional de urgencia y dejó sin efecto el decreto del presidente Gustavo Petro que ordenaba a los fondos privados de pensiones liquidar y trasladar a Colpensiones cerca de 25 billones de pesos correspondientes al ahorro de 120.000 personas que se cambiaron al régimen público superando las edades tope de la Ley 100. La medida cautelar exprés, creada en 2011, busca evitar daños irreparables ante actos que prima facie resultan ilegales.
La posible ilegalidad es evidente: lo ordenado por el Gobierno contradice el artículo 76 de la reforma pensional impulsada por el mismo presidente, que establece que el traslado del ahorro solo procede cuando las personas lleguen a la edad de jubilación. Esto solo se cumple para unos 20.000 de los 120.000 trasladados. El espíritu de la norma es evitar que el ahorro pensional se use para gastos distintos al pago de mesadas, riesgo que existe especialmente en campaña electoral.
Corte Constitucional suspende impuesto al patrimonio
Menos de 48 horas después, la Corte Constitucional, en su primera decisión sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno, suspendió la vigencia del nuevo impuesto al patrimonio para universidades y entidades sin ánimo de lucro. La respuesta del presidente Petro y varios ministros ha sido la descalificación de estas decisiones judiciales, argumentando que las cortes defienden intereses bancarios y permiten que “se roben” el ahorro pensional de los trabajadores. Estas afirmaciones no se corresponden con las responsabilidades de los altos cargos del Estado.
Las altas cortes y los jueces están cumpliendo su misión de administrar justicia. El país debe rodear a quienes lo hacen. Como señaló el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, el derecho a la crítica es válido, pero no la agresión ni la narrativa que afecte la independencia del Poder Judicial. La buena salud de la democracia requiere que todos lo entiendan, empezando por el Presidente de la República.
