El Gobierno de Paraguay, en conjunto con los estados de Bolivia, Costa Rica, Guyana, Trinidad y Tobago y Estados Unidos, denunció de manera conjunta la "presión económica selectiva" ejercida recientemente por China en países de la región, específicamente contra Panamá.
Origen del conflicto
El conflicto surge tras un fallo independiente de la Corte Suprema de Panamá relacionado con las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal. En enero de 2026, el tribunal declaró inconstitucional la concesión de los puertos operados por Panama Ports Company, una filial de CK Hutchison con sede en Hong Kong. Según la denuncia, China parece estar intentando castigar económicamente a Panamá por esta decisión soberana.
Acusaciones contra China
Las naciones firmantes acusan a China de intentar politizar el comercio marítimo, utilizando herramientas económicas para influir en las decisiones internas de entidades jurídicas de Estados soberanos en la región. Los firmantes enfatizaron que cualquier intento de socavar la soberanía panameña por parte de China representaría una amenaza colectiva para el hemisferio y para toda la región.
La denuncia conjunta refleja la creciente preocupación internacional por las prácticas de presión económica que China estaría ejerciendo en América Latina, especialmente contra aquellos países que toman decisiones judiciales o políticas que afectan sus intereses comerciales. Paraguay, junto a los demás países firmantes, reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía y la independencia judicial de las naciones de la región.
